Metodologías para evaluar el impacto de las iniciativas participativas

Por Francisco Olmos, Sociólogo.

Introducción: La Necesidad de Incluir la Participación Ciudadana en Iniciativas Públicas y Privadas

En tiempos donde las necesidades de las comunidades no siempre son respondidas de manera efectiva por las instituciones gubernamentales, la participación ciudadana se ha convertido en una herramienta clave para mejorar los proyectos sociales y garantizar que estos realmente aborden las demandas y problemas de los ciudadanos. La inclusión activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos que les afectan directamente resulta esencial para fortalecer la legitimidad y efectividad de dichos proyectos.

Esta participación no solo es relevante para las iniciativas públicas, sino que también debe ser integrada en iniciativas privadas. Tanto en proyectos lucrativos (como programas de responsabilidad social empresarial en el sector privado) como en no lucrativos (como los proyectos de ONGs, fundaciones, clubes sociales, colegios, e incluso conferencias episcopales), la participación ciudadana debe ser una constante. Esto no solo favorece la inclusión, sino que también aumenta la relevancia y la adaptabilidad de los proyectos a las realidades locales.

Iniciativas Públicas:

Las instituciones públicas, como los municipios, deben incorporar a los ciudadanos en el diseño, implementación y evaluación de proyectos comunitarios. Este enfoque no solo promueve la democracia participativa, sino que también permite que las soluciones sean más ajustadas a las realidades locales. Ejemplos de iniciativas públicas que pueden beneficiarse de la participación ciudadana incluyen:

• Presupuestos participativos donde la comunidad define cómo se distribuyen los recursos municipales.
• Planes de desarrollo urbano que incorporan las opiniones de los ciudadanos para mejorar la infraestructura o los espacios públicos.
• Proyectos de mejora en servicios sociales, como la salud, donde la comunidad puede aportar ideas sobre las necesidades no cubiertas y las mejores formas de atender a la población vulnerable.

Iniciativas Privadas:

Las empresas, especialmente aquellas con programas de responsabilidad social empresarial (RSE), deben reconocer el papel crucial de las comunidades en el desarrollo de proyectos sociales. Incluir a la comunidad en estos proyectos garantiza que las iniciativas no solo sean beneficiosas para la empresa, sino que también respondan a las necesidades reales de la comunidad. Algunos ejemplos de cómo las empresas pueden integrar la participación ciudadana incluyen:

• Proyectos de infraestructura comunitaria (como construcción de escuelas o centros de salud) donde las empresas no solo aportan recursos, sino que permiten a los residentes locales participar en el diseño y ejecución.
• Iniciativas de capacitación laboral o empleabilidad que son diseñadas de acuerdo a las necesidades específicas de la comunidad.
• Programas educativos que se alinean con las prioridades de la comunidad, tales como becas o formación en habilidades específicas que faciliten la inclusión laboral.

Iniciativas No Lucrativas:

Las ONGs, fundaciones, y otros organismos sin fines de lucro, como los clubes sociales, escuelas y las conferencias episcopales, desempeñan un papel fundamental en la atención de las necesidades de las comunidades más vulnerables. La participación ciudadana en este contexto ayuda a que los proyectos sociales se ajusten a las realidades locales y no impongan soluciones ajenas a las necesidades reales. Ejemplos incluyen:

• Proyectos de desarrollo comunitario que involucran a los ciudadanos en la identificación de problemas y la formulación de soluciones.
• Programas de voluntariado, donde las comunidades no solo reciben ayuda, sino que también se involucran activamente en el diseño y ejecución de actividades de bienestar social.
• Proyectos educativos en colegios, que buscan responder a las necesidades del contexto educativo local, incorporando la opinión de estudiantes, padres de familia y docentes.

En este contexto, es crucial que los proyectos sean diseñados de manera colaborativa y que las decisiones tomadas por las autoridades, empresas o instituciones sean el resultado de un proceso participativo genuino, donde las voces de los involucrados sean escuchadas y valoradas.

1. Desafíos en la evaluación: Evaluar participación no es trivial. A diferencia de una obra física, cuyos resultados se pueden medir fácilmente (ej. kilómetros de pavimento), la participación tiene aspectos intangibles (empoderamiento, aprendizaje, cohesión social). La literatura señala que “no hay criterios ampliamente consensuados para juzgar el éxito o fracaso [de un proceso participativo], ni métodos y herramientas estandarizados de evaluación”. Esto significa que cada municipio, empresa u organización debe definir qué considera éxito en su contexto: ¿es la cantidad de gente que participa? ¿La diversidad de quienes participan? ¿La influencia concreta en decisiones? ¿La satisfacción ciudadana? Lo ideal es establecer objetivos claros desde el inicio (p. ej., “que al menos 500 vecinos de todos los barrios participen en la elaboración del Plan de Desarrollo Comunal” o “que el 50% de los proyectos priorizados vía participativa sean ejecutados dentro del periodo”). Con objetivos claros, se pueden fijar indicadores para monitorear.

No obstante, evaluar participación trasciende los números. Montecinos y Contreras proponen examinar factores cualitativos multidimensionales que inciden en el éxito o fracaso de la participación, agrupándolos en cuatro dimensiones: societal, institucional, social y de oportunidad/costo. Esto ofrece un marco amplio para evaluación:

• Dimensión societal: considerar el contexto externo – tamaño de la ciudad, nivel socioeconómico, cultura política local, disposición de las élites a compartir poder. Ej.: en ciudades más pequeñas, la acción colectiva tiende a ser más intensas; si las autoridades locales son escépticas o temerosas de la participación, pueden poner trabas. Un evaluador podría, por ejemplo, medir si la cultura política local mejoró (encuestas de percepción antes y después), o si líderes inicialmente reticentes cambiaron de actitud tras un proceso participativo exitoso.
• Dimensión institucional: evalúa el marco jurídico y capacidad institucional. Aquí importan cosas como: ¿La normativa facilita la participación vinculante? ¿El municipio asignó presupuesto suficiente y personal capacitado para gestionar el proceso? Según estudios, contar con recursos financieros y técnicos adecuados es determinante en el éxito. Si un proceso falla por falta de difusión o logística, suele ser reflejo de debilidades institucionales.
• Dimensión social: se refiere al capital humano y social de la comunidad. Factores como el nivel educativo, las habilidades cívicas, la articulación de las organizaciones sociales y la confianza ciudadana son críticos. Por ejemplo, si la ciudadanía no entiende cómo influir o desconfía de la institución, participará poco o de forma simbólica. Se puede medir, por encuesta, si después de una iniciativa participativa hay mayor conocimiento del proceso municipal o si los participantes se sienten más capaces de incidir. También se puede mapear la diversidad de participantes: ¿hubo participación de jóvenes, mujeres, minorías? Un proceso inclusivo socialmente es indicador de calidad.
• Dimensión costo/oportunidad: examina las barreras prácticas a la participación – tiempo, transporte, accesibilidad. Un proceso bien diseñado busca minimizar costos para los ciudadanos (reuniones en horarios adecuados, ubicaciones cercanas, medios virtuales para quienes no pueden asistir presencialmente, apoyo a cuidado de niños, etc.). La evaluación puede incluir verificar la asistencia en distintos horarios, o preguntar a los no participantes por qué no acudieron (si fue por falta de tiempo, lejanía, etc.). Se sabe que reducir estos costos incrementa la participación.

Considerar estas dimensiones en la evaluación brinda una mirada integral. Por ejemplo, un municipio puede descubrir que aunque organizó consultas, la participación fue baja por factores de oportunidad (sesiones en día laboral, dificultando la asistencia), o que un presupuesto participativo fue muy exitoso en proyectos ejecutados (factor institucional positivo) pero solo involucró a dirigentes ya empoderados (débil en dimensión social por falta de renovación de liderazgos). Identificar estas aristas permite mejorar futuras iniciativas.

2. Técnicas e instrumentos de evaluación: En la práctica, es recomendable utilizar un enfoque mixto (cuantitativo + cualitativo) para capturar el impacto. Algunas metodologías útiles:

• Indicadores cuantitativos básicos: número de participantes, frecuencia de reuniones, porcentaje de propuestas ciudadanas incorporadas en planes o presupuestos, nivel de asistencia representativa (por barrio, por segmento etario, etc.), tasa de ejecución de proyectos priorizados por la comunidad, etc. Estos números dan una medida de alcance y cumplimiento. Por ejemplo, “participaron 800 personas de 20 barrios (frente a 300 el año anterior)” sugiere progreso. Sin embargo, los números no dicen todo sobre calidad, por lo que deben complementarse con otros métodos.
• Encuestas de percepción: Son herramientas valiosas para medir la satisfacción y confianza tras un proceso participativo. Se pueden hacer encuestas pre y post a participantes (e incluso a la comunidad en general) con preguntas como: “Califique su nivel de satisfacción con el proceso de consulta en que participó”, “¿Aumentó su conocimiento sobre cómo funciona el municipio?”. Resultados favorables indicarían impacto positivo en empoderamiento. Un punto a considerar: normalmente responden encuestas quienes participaron activamente, por lo que puede haber sesgo. Aún así, comparar el antes y después o diferentes comunas entre sí puede ofrecer insights.
• Entrevistas y grupos focales: Para profundizar en la calidad de la participación, las técnicas cualitativas son imprescindibles. Con entrevistas a informantes clave (por ejemplo, dirigentes sociales, funcionarios municipales, facilitadores) se puede indagar qué funcionó y qué no, anécdotas de cambio, etc. Los focus groups con ciudadanos participantes permiten conocer en sus propias palabras si se sintieron escuchados, qué aprendizajes obtuvieron, si vieron cambios concretos a raíz del proceso. Este tipo de evaluación participativa es valioso porque capta matices que un indicador frío no muestra. Por ejemplo, un focus group podría revelar que más allá de los proyectos concretos, el mayor impacto de cierto presupuesto participativo fue “fortalecer la unión entre vecinos de distintas villas que antes no se conocían” – un impacto social intangible pero muy relevante.
• Análisis documental y registros administrativos: Revisar actas de reuniones, listados de asistencia, minutas de acuerdos, oficios municipales emanados a raíz de las propuestas ciudadanas, etc. Esto sirve para trazar la ruta de incidencia. Llevar registros detallados desde el inicio facilita esta evaluación. Es aconsejable designar a alguien que documente los compromisos y posteriormente verifique su cumplimiento.
• Evaluación participativa (auto-evaluación): Una tendencia reciente es involucrar a los propios participantes en la evaluación de los procesos, para democratizar también el “juicio” sobre el éxito. Por ejemplo, se puede dedicar la última sesión de un cabildo o de un presupuesto participativo a evaluar el proceso mismo, preguntando a la asamblea: ¿qué podemos mejorar para el próximo año?; ¿se sintieron representados?; ¿fue justo el método de votación?. Existen metodologías participativas creativas: uso de tarjetas de colores en plenario (verde = satisfecho, amarillo = regular, rojo = insatisfecho) sobre distintos aspectos; dinámicas de mural de “lo bueno, lo por mejorar”; o incluso una encuesta breve aplicada ahí mismo por los facilitadores. Además, empodera a la gente al hacerles ver que su opinión importa no solo para las políticas sino para mejorar la participación en sí.
• Criterios de calidad y herramientas diagnósticas: Diversas organizaciones han desarrollado listados de criterios para evaluar la calidad de procesos participativos. Por ejemplo, criterios como inclusión, deliberación, influencia, transparencia, sostenibilidad. Cada criterio puede desglosarse en preguntas evaluativas. Herramientas como la “escalera de la participación” (inspirada en Arnstein) ayudan a situar el nivel de empoderamiento logrado: desde niveles bajos como mera información o consulta simbólica, hasta niveles altos como coproducción o control ciudadano.

3. Consideraciones finales en la evaluación: La participación ciudadana debe ser considerada como un elemento esencial en todos los proyectos y políticas, ya sea que provengan de instituciones públicas o privadas. Es una herramienta poderosa para garantizar que las iniciativas no solo sean eficaces en términos de ejecución, sino que realmente responden a las necesidades locales. Al incorporar métodos participativos, las instituciones no solo logran crear proyectos más ajustados a la realidad de la comunidad, sino que también fomentan un sentimiento de pertenencia y empoderamiento en la ciudadanía. Las iniciativas participativas deben ser evaluadas constantemente para asegurar que están generando el impacto esperado. Esta evaluación debe abarcar aspectos cuantitativos y cualitativos, considerando la calidad de la participación y su influencia en las decisiones y resultados, no solo el número de personas involucradas.

Es fundamental que las instituciones adopten una mentalidad de mejora continua y utilicen la evaluación como una herramienta de ajuste y perfeccionamiento. Solo así se puede garantizar que las iniciativas participativas realmente contribuyan al bienestar común y fomenten una democracia más inclusiva y sostenible. En este sentido, la participación ciudadana no solo es una cuestión de vinculación o consulta, sino de co-creación de soluciones que son tanto efectivas como legítimas, lo que en última instancia fortalece el tejido social y transforma positivamente las comunidades.

Cita bibliográfica: Montecinos, Egon, & Contreras, Patricio. (2021). Municipios y Democracia en Chile: ¿Se está cumpliendo la ley 20.500 de participación ciudadana?. Revista iberoamericana de estudios municipales, (23), 63-80. https://dx.doi.org/10.32457/riem.v23i1.519